La publicación del proyecto de modificación de la Ley de Telecomunicaciones (TKG) sigue con un poco de retraso. El motivo es, entre otros, el desacuerdo sobre las condiciones contractuales y las dudas sobre la seguridad de los componentes de la red.
La Ley de Telecomunicaciones (TKG) está siendo revisada. Entre otras cosas, debe incluir la desviación de la duración máxima de los contratos de 24 meses acordada a nivel europeo, como exige el Ministerio Federal de Justicia (BMJV), pero también requisitos más estrictos para la supresión de interferencias. También está previsto compensar las citas de atención al cliente perdidas. Con la nueva versión de la ley, el gobierno federal quiere, entre otras cosas, crear un marco para una expansión más rápida y a nivel nacional de las redes de gigabits.
El proyecto de ley de 415 páginas debía haber sido consultado con los Länder y las asociaciones a principios de mes antes de que el gobierno federal presentara entonces su documento acordado. Sin embargo, por el momento no se ha llegado a nada.
Porque poco antes de la publicación del proyecto de modificación de la Ley de Telecomunicaciones (TKG), existe un desacuerdo sobre la aplicación de la exigencia europea sobre las cláusulas contractuales de conformidad con la directiva. El Ministerio Federal de Justicia (BMJV) exige que se desvíe de la duración máxima de los contratos acordada en Europa, que es de 24 meses, a doce meses.
Por un lado, la "Ley de Contratos Justos con los Consumidores" debe limitar en general la duración de los contratos a un año y proteger así al consumidor. Por otro lado, estos contratos de duración determinada suelen ir acompañados de hardware, como los teléfonos móviles, especialmente en el sector de las telecomunicaciones. Al reducirse los plazos de los contratos, las cuotas mensuales de los dispositivos subvencionados financiados o los precios únicos a pagar aumentarán considerablemente.
Esto está provocando la protesta de los representantes de los intereses de los proveedores de telecomunicaciones VATM y Bitkom. "Limitar los contratos a doce meses rompería con las decisiones que se negociaron minuciosamente a nivel europeo", considera el presidente de Bitkom, Achim Berg. "Con la limitación a los contratos de un año, muchas personas ya no podrán permitirse comprar smartphones actualizados. Esto no sólo restringe la libertad de elección de los consumidores, sino que priva a las empresas inversoras de la necesaria seguridad de planificación", argumenta.
Derecho a internet rápido
Uno de los puntos clave de la enmienda es introducir el derecho a internet rápido para todos los ciudadanos, tal y como prevé la gran coalición, para que puedan "participar social y económicamente" en la sociedad digital. En el proyecto, este derecho se aplicará sobre todo en los lugares periféricos de difícil desarrollo y a los que no llegarán los proyectos subvencionados a medio plazo. Para ello, la Agencia Federal de Redes debe fijar unos requisitos mínimos, teniendo en cuenta el "ancho de banda mínimo utilizado por la mayoría de los consumidores".
Las medidas de construcción de fibra óptica se acelerarán mediante la simplificación de los procedimientos de aprobación, el refuerzo de los métodos de instalación alternativos, como la excavación de zanjas y los cables aéreos, así como la facilitación del uso de caminos y terrenos.
El derecho a una Internet rápida también incluye la rapidez en la resolución de averías en un día laborable. Así, está previsto que los clientes puedan exigir una compensación tres días hábiles después de la recepción del informe, que inicialmente ascenderá a cinco euros o al diez por ciento de las tarifas mensuales. Si el proveedor incumple un plazo de instalación, el cliente puede reclamar diez euros o el 20 por ciento de la tarifa.
Al mismo tiempo, los proveedores de CT se enfrentarán a consecuencias si no cumplen con el ancho de banda prometido. Si la velocidad se aleja "de forma significativa, continua o regular" de las especificaciones del contrato, el consumidor tiene derecho a una reducción del precio en proporción a la desviación de la prestación. Además, existe un derecho extraordinario de rescisión.
Puede que no sea tan fácil para el consumidor demostrar si realmente se trata de un problema con la línea principal que le da derecho a una reducción o si se debe a los componentes WLAN utilizados.
En el transcurso de la enmienda, también se discute un cambio en la Ordenanza de Costes de Explotación (BetrKV). En la actualidad, los propietarios que se aseguran el suministro de televisión básica a través de redes de banda ancha pueden imputar los costes de los operadores de redes de cable a los inquilinos como costes de explotación. Los proveedores de DSL, sobre todo Deutsche Telekom, ven en la posibilidad de repercutir los costes una distorsión de la competencia.
Decisión sobre Huawei
La TKG también regula qué criterios de seguridad se aplican a los componentes de la red 5G. A este respecto, el proyecto establece que los componentes de redes y sistemas relevantes para la seguridad que cumplan funciones críticas sólo se utilizarán si han sido probados por un organismo de pruebas reconocido y certificados por un organismo de certificación reconocido. Entre otras cosas, se trata de componentes del controvertido proveedor de redes Huawei. La Agencia Federal de Redes está trabajando actualmente en los detalles de la certificación junto con la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) y el Comisionado Federal de Protección de Datos.
Debido a los requisitos europeos, la Ley de Telecomunicaciones tiene que ser revisada antes de finales de año. En vista de los recientes retrasos, esto podría posponerse varios meses.